MEDIDAS ALTERNATIVAS Y RAZONABLES QUE PUEDEN DICTAR LOS JUECES PARA HACER EFECTIVAS LAS SENTENCIAS.

Los que hacemos Derecho de Familia nos cansamos de ver como cada vez mas crecen los casos de padres que incumplen la cuota alimentaria fijada a favor de los hijos ya sea por sentencia o por acuerdo homologado.

Muchas veces las herramientas jurídicas con las que contamos los abogados fracasan porque los padres tienen trabajos no registrados o se trata de personas ricas que no tienen nada a su nombre.

El Código Civil y Comercial habilita la posibilidad de que ante incumplimientos reiterados de pago de alimentos, se puedan pedir medidas razonables y alternativas para lograr que las sentencias sean ejecutorias.

Se trata de un artículo amplio el 553 de dicho cuerpo para que cada juez pueda decidir cuál es la sanción a tomar según el contexto social de las partes.

Los jueces de la Sala I. de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro confirmaron la medida que había ordenado un juez de Primera Instancia y así le prohibieron al padre incumplidos la entrada al San Isidro Club hasta tanto cumpla con sus obligaciones alimentarias.

Se trata de un importante paso atento a que hay que comenzar a sancionar a los padres incumplidores en aquellas cuestiones que pueden molestarlos.

De otra manera los únicos perjudicados son los hijos quienes se ven privados de recibir la cuota alimentaria como les corresponde.

El art. 553 del Código Civil y Comercial de la Nación es muy amplio y deja abierta la creatividad de los operadores jurídicos en proponer aquellas medidas que pueden resultar idóneas para que el deudor alimentario cumpla.

El fin de esta norma apunta a generar incomodidad o molestia en el deudor que lo lleve a cumplir su obligación.

La medida es muy positiva ya que hay que priorizarse el interés superior de los niños quienes no tienen la culpa de que sus aperes se hubieran divorciado y menos aun pueden ser sancionados no recibiendo la cuota alimentaria que es una obligación fundamental de los padres.

Los abogados deben analizara en cada caso concreto conjuntamente con nuestros clientes las circunstancias del caso y analizar que puede molestar al incumplidor.

Así se podría pedir prohibición de salida del país si viaja mucho, prohibición de ingreso a canchas de fútbol si es un amante de dicho deporte, prohibición de acceso al crédito privado y así otras medidas de manera de lograr que el padre incumplidor cumpla su obligación.

Si bien existen los Registros de deudores alimentarios la realidad es que no fueron eficientes ya que el deudor en la mayoría de los casos no se ve afectado por estar incluido en dichas listas.

En realidad dicho registro debería verificarse de manera obligatoria para quien quiere ingresar a un trabajo, sacar registro de conducir, renovar pasaporte.

Pero ello no ocurre y en consecuencia quien esté inscripto como incumplidor en dichos registros sigue su vida como si nada pese a incumplir con el pago de alimentos.

Celebro este articulo del Código porque soy una convencida que desde que traemos hijos al mundo asumimos una responsabilidad social y como padres debemos cumplir con nuestras obligaciones para con nuestros hijos, de manera que sumar herramientas jurídicas para lograr que un padre incumplidor cumpla con su obligación siempre debe ser bienvenido.

Estadísticas que reflejan el drama de la Violencia Familiar. Hay una realidad dramática y esto es que la violencia de género no retrocede, por el contrario crece.

Hay un feticidio cada 30 horas.

El Indec dió a conocer en marzo de 2018 su primer informe sobre la problemática con datos escalofriantes: 260.156 casos de agresiones contra mujeres por razones de género desde el año 2013. Un tercio de esos casos: 86.700 ocurrió el año pasado.

El Servicio de atención a víctimas de violencia de género de la Defensoría General de la Nación revela que en el año 2017 aumentó el incumplimiento de las medidas de protección decretadas judicialmente. En ese período más de la mitad de los denunciados quebrantaron las medidas de restricción ordenadas. Una de cada tres mujeres denunciantes sufrió nuevos hechos de violencia de género.

En más de la mitad de los casos (52%) se produjo un incumplimiento de las medidas dictadas a favor de las víctimas en tanto que en el 27% de los casos se sucedieron nuevos hechos de violencia.

Resultan infrecuentes las denuncias de episodios de violencia familiar de una única oportunidad (1% del total) y solo el 12% de las mujeres denunció haber sufrido situaciones de este tipo por un período menor de un año.

La mayoría de los consultantes refirió maltratos de una duración de entre 1 y 5 años (40% del total). Siguen mujeres que reportaron maltratos que duraron entre 6 y 10 años (23%) o que se extendieron diez años o más (21%).

Las denuncias fueron efectuadas por mujeres mayormente jóvenes (77% con edades entre 21 y 45 años), argentinas (66%) y madres (87%) con un promedio de 2 hijos a su cargo (93% de los casos).

El 41% de las mujeres manifestó que había interpuesto alguna denuncia por hechos de violencia con anterioridad. El 12% hizo dos o más denuncias previas. En el 95% de los casos los denunciados fueron varones. El 90% parejas o ex parejas de las denunciantes.

Los datos de DGN tienen similitudes con los que recabó el INDEC a nivel nacional: 60,2% de las víctimas tiene entre 20 y 39 años. En el 82,7% de los casos el agresor fue la pareja o empareja de la víctima.

Este tema es uno de los mas complejos en derecho de familia donde entran a jugar normas y tratados internacionales.

En este artículo es mi intención describir los pasos a seguir frente a la retención ilícita o sustracción de menores.

Suelen darse diferentes casos: secuestros parentales, traslados ilícitos o cuando las madres o padres deciden volver a su país de origen y no regresan donde vivían. No hay una cuestión de género, sucede con ambos padres. En Argentina no hay registro de cuantos casos de secuestro parental o sustracción de menores se dan. El único registro que existe es el de la Convención de La Haya.

Dado que los procesos judiciales internacionales, podrían llevar años, los Estados unificaron criterios para que todos puedan actuar del mismo modo, mediante el Tratado de La Haya.

Resulta muy importante crear procedimientos para lograr la restitución de los menores en los plazos más breves posibles.

Argentina es país contratante de la Convención de La Haya.

El Convenio tiene un doble objeto:

Ejecutivo: garantizar la entrega inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante

Preventivo: velar porque los derechos de custodia y visitas vigentes en uno de los estados contratante sean respetados en los demás estados contratante.

El Convenio indica una serie de presupuestos necesarios para la puesta en funcionamiento del mecanismo de restitución:

- Existencia de un derecho de custodia legalmente atribuido, de conformidad con la legislación del estado de residencia habitual del menor.

- Ilicitud del traslado o retención.

La decisión sobre el regreso o no del niño al país de su residencia habitual debe ser tomada por la autoridad judicial o administrativa competente del Estado al cual el niño fue trasladado o en el cual fue retenido indebidamente. El pedido de restitución debe hacerse inmediatamente a fin de evitar que se produzca la integración del niño a su nuevo medio. El Convenio considera que una vez transcurrido el término de un año desde que se produjo el traslado o retención queda configurado el arraigo. En este caso la autoridad judicial o administrativa que deba resolver puede rechazar la restitución.

El Convenio de la haya establece la obligación del estado de refugio de restituir inmediatamente al niño.

Sin embargo, establece una serie de situaciones en las que el estado requerido puede eximirse de cumplir con esta obligación.

Las causales de excepción son:

a) Falta de ejercicio efectivo del derecho de custodia o la existencia del consentimiento posterior al traslado retención.

b) Grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro físico o psíquico o a una situación intolerable.

c) En caso que el propio menor se oponga a la restitución

d) En caso de arraigo del niño.

Todas las excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva para no desvirtuar el objeto del Convenio

Los pasos a seguir son:

- Contactarse con la Autoridad Central de aplicación del Convenio de su país a fin de recibir asesoramiento.

- Si el caso encuadra en alguno de los Convenios que la Argentina ha ratificado deberá presentar:

A) FORMULARIO DE APLICACIÓN

B) CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL NIÑO

C) DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE RESIDENCIA DEL NIÑO (CERTIFICADO MÉDICO, ESCOLAR, OBRAR SOCIAL, ETC.)

D) PARTIDA DE MATRIMONIO (si correspondiere)

E) SENTENCIA DE DIVORCIO (si correspondiere)

F) SENTENCIA O ACUERDO DE PARTES QUE LE OTROGA LA GUARDA O CUSTODIA DEL NIÑO

G) FOTOGRAFÍAS DEL NIÑO Y PROGENITOR SUSTRACTOR

H) COPIAS DE DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES LLEVADAS A CABO

Toda la documentación debe ser traducida por el solicitante al idioma del país al cual se solicita reintegro del niño.

La Autoridad central, una vez recibida la documentación remitirá la solicitud de reintegro a la Autoridad Central del estado en que se encuentre el niño. La Autoridad central del estado de refugio da curso a la solicitud. El procedimiento más común comprende dos etapas: la primera de conciliación, por el cual se intentará arribar al retorno voluntario del niño. Si las partes no logran llegar a una cuerdo son los jueces los que deben resolver.

En caso de ser necesario la Autoridad central requerida dará intervención a INTERPOL, para que proceda a la búsqueda y localización del niño de manera inmediata.

El Convenio confiere al progenitor desplazado la posibilidad de reclamar la restitución directamente ante las autoridades administrativas o judiciales del estado de refugio.

En resumen el progenitor desplazado puede contactar a la Autoridad central de su país o a la Autoridad central del estado de refugio o a la Autoridad judicial del Estado de refugio.

En caso de recurrirse a la instancia judicial el juez adoptará las medidas a su alcance tendientes al retorno voluntario del niño, si fracasara continuará con el procedimiento previsto en la Convención, convocará audiencia en tribunal y luego resolverá ordenando el retorno o negándolo según el caso. Dicha resolución puede ser objeto de apelación.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dedica una norma a la restitución Internacional de menores -el art. 2462- en la cual remite directamente a las convenciones vigentes y contiene una directriz fundamental dirigida a los jueces, cual es que en aquellos casos que resulten fuera del ámbito de aplicación, deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenio, asegurando el interés superior del niño, supervisando el regreso seguro y fomentando el cumplimiento de la decisión.

Así el citado artículo dice: "En materia de desplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional, rigen las convenciones vigentes y fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios asegurando el interés superior del niño. El juez competente que decide la restitución de una persona menor de edad debe supervisar el regreso seguro del niño, niña o adolescente fomentando las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión. A petición de parte interesada o a requerimiento de autoridad competente extranjera, el juez argentino que toma conocimiento del inminente regreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos puedan verse amenazados, puede disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protección, como así también si correspondiera, la del adulto que acompaña al niño, niña o adolescente". Corresponde destacar que los pedidos de restitución en la mayoría de los casos tramitan a través de la Autoridad central, que en nuestro país es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y lo que llega al Juez en esos casos es un formulario preimpreso redactado de conformidad a las normas de la Convención de La Haya que contiene datos personales y aquellos en que se funda el pedido de restitución.

Mientras que el Juez de Primera Instancia cuenta con plazos muy breves para resolver no existe plazo previsto para las instancias de apelación y se habilita casación, con lo cual en muchos casos transcurren varios meses hasta que el expediente vuelve al Juez de familia, para la ejecución de la sentencia. La realidad muestra que el tiempo juega a favor de la conducta ilícita, por un lado facilita las maniobras de ocultamiento y al mismo tiempo propicia el arraigo, nuevos vínculos de colegio, amigos y familia si la hubiera, dificultando el desprendimiento.

En la mayoría de los casos la etapa de ejecución de sentencia se presente como la etapa más ardua, primero por la resistencia del progenitor que debe restituir, pero ademas por la falta a veces de recursos económicos del solicitante.